El fracaso del multiculturalismo. La «remigración» nueva política escandinava

Remigración

El concepto político de « remigración », originariamente ideado para el retorno forzado de inmigrantes, se aplica hoy en día a la política ya desplegada en distintos países europeos para impulsar su repatriación voluntaria incentivada económicamente. Es el fracaso del «multiculturalismo», que la izquierda ha propugnado favoreciendo la inmigración, incluso ilegal, como arma para la destrucción de la Civilización Occidental.

Esta política de remigración es el resultado de constatar en países de larga trayectoria en la acogida de inmigrantes, Suecia entre ellos, la relación entre inmigración descontrolada, como la que se está produciendo en las últimas décadas, y el aumento de la delincuencia violenta. Suecia tiene la tasa per cápita más alta de violencia armada de la UE, y ha puesto de manifiesto la existencia de un vínculo entre dicha inmigración, favorecida por la izquierda, y el crimen de las bandas organizadas. Y ahora trata de revertir la trayectoria y está invirtiendo en la remigración: paga a los inmigrantes para que se repatrien.

¿El fin del «multiculturalismo»?

La ideología del «multiculturalismo», que se promueve desde los años Setenta del siglo XX supone la integración cultural de diferentes grupos étnicos y culturales a las leyes y valores existentes en un mismo país. Frente a esta ideología se defiende la integración social de los inmigrantes y el mantenimiento de la identidad nacional de los Estados/Naciones.

El multiculturalismo forma parte de la ideología del «buenismo» y la «corrección política», impulsada por la izquierda y los promotores del Nuevo Orden Mundial (NOM), y que según los historiadores no tiene precedentes en la Historia, pues ninguna civilización ha proyectado una doctrina tan poderosa dirigida a su autodestrucción, siendo el producto del posmarxismo cultural y de la secularización de la sociedad.

La izquierda y el NOM promueven el multiculturalismo como un factor clave para desmontar la cultura occidental. Para ello consideran aliadas otras culturas, en particular el islam, de ahí el apoyo a la inmigración musulmana en Europa en el objetivo de la destrucción de la Civilización Occidental y sus valores cristianos. Y se denigra a cuantos tratan de defender su identidad cristiana y europea, a los gobiernos, partidos o asociaciones que ponen barreras a la islamización, que avanza por la inmigración descontrolada y la demografía, modo de conquista de Europa en el siglo XXI.

Sin embargo, la invasión masiva actual de inmigrantes en Europa, como la que está padeciendo España, lleva a considerar el problema, y los partidos que defienden políticas para afrontarlo van accediendo al poder y/o son ya mayoritarios en diferentes países, e incluso gobiernos de izquierda como los de Francia y Alemania han decidido poner coto a la inmigración descontrolada. 

En Suecia, los daños dejados por los gobiernos de izquierda, tras ocho años ininterrumpidos  de poder en el siglo XXI y casi siempre durante el XX, afectan ahora a todos los países escandinavos. Después de años de favorecer la inmigración, incluso ilegal, y una falsa tolerancia hacia los «enclaves» urbanos abandonados a la ley islámica, incluso peores que las banlieues francesas, las bandas criminales y juveniles islámicas presentan ahora la factura, que toca pagar a toda la sociedad para restablecer el orden, la seguridad y un sentido común de ciudadanía.

Todo ello muestra el fracaso del «mestizaje» y la “sustitución étnica” o reemplazo poblacional. Marca el final de la entelequia izquierdista del «multiculturalismo», y de las políticas europeas impulsadas por la Comisaria de Interior, la socialista sueca Ylva Johansson.

Ylva Johansson, Comisaria de Interior de la Unión Europea

Los estragos de las políticas socialistas de inmigración en Suecia

Suecia tiene actualmente la tasa per cápita de violencia armada más alta de la Unión Europea: el año pasado el país registró más de 350 ataques con éxito o frustrados, y 363 tiroteos (con 53 muertos y 109 heridos), las cifras más altas de toda Europa, en un país que alguna vez tuvo la menor cantidad de delitos con armas de fuego, per cápita. Por el contrario, los otros tres países nórdicos – Dinamarca, Noruega y Finlandia –, registraron sólo seis tiroteos mortales en 2023. En Suecia, desde principios de 2024 hasta el verano, se registraron 109 tiroteos con 14 muertos y 19 heridos, así como 50 atentados, 29 intentos de atentado con bombas, y la policía evitó 74 preparativos de ataque.  

El pasado 13 de septiembre, la policía anunció que había identificado a unas 600 personas, residentes en el extranjero, pero implicadas en el crimen organizado en Suecia, que operan en diversos países (principalmente en España y, más recientemente en Turquía, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Túnez, Irán e Irak entre otros). Así mismo la comisaria de la policía nacional, Petra Lundh, señaló que Suecia “tiene una tendencia criminal grave y en evolución creciente, y donde la mayoría de los delitos están en conexión con el extranjero”. Esta delincuencia está involucrada principalmente en el tráfico de drogas, la violencia y el lavado de dinero, con delitos adicionales que incluyen el tráfico de armas y el fraude.

Según el profesor y consultor político Göran Adamson, autor del estudio Migrantes y crimen en Suecia en el siglo XXI, existe un vínculo claro entre la inmigración y el crimen de las bandas organizadas en este país y «cuando algunas personas dicen que no existe un vínculo entre la migración y la delincuencia, no están diciendo la verdad, los datos de la Agencia de Prevención del Delito nos dicen esto […], estas son sólo estadísticas desnudas» (declaraciones al diario británico Daily Mail). Suecia se ha convertido en un «refugio» para las bandas mafiosas y la capital de la UE para los delitos con armas de fuego gracias al aumento de la inmigración, y a medida que aumentan los asesinatos, la policía y los políticos dicen que la nación está en un punto de crisis sin retorno.

Ante esta situación, la coalición de centroderecha, que con el apoyo parlamentario del partido conservador Demócratas de Suecia, gobierna en el país desde el 18 de octubre de 2022, ha aumentado el gasto en su sistema judicial en 3.460 millones de coronas (unos 305 millones de euros) en la Ley de Presupuestos para 2025, con el fin de “frenar los altos índices de criminalidad y restablecer la justicia”, según ha afirmado el ministro de Justicia, Gunnar Strömmer.

La delincuencia de las bandas suecas no sólo es un problema creciente dentro del país, sino que también ha afectado a los países vecinos, lo que ha llevado a Dinamarca a restablecer los controles fronterizos, activar controles conjuntos con los gigantes de las redes sociales y desarrollar con todos los países nórdicos una cooperación regional para abordar el problema de las bandas criminales y de las pandillas de adolescentes. También Noruega, país no perteneciente a la UE pero miembro del espacio Schengen, ha querido intensificar la cooperación regional desde que recientemente se descubrió que bandas de inmigrantes «suecos» están  activas en todas las regiones  del país, con una prevalencia cada vez mayor de crímenes violentos.

La política de remigración en los países escandinavos y otros países

Además de reforzar el sistema judicial y tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal el gobierno de centroderecha sueco ha aprobado nuevas normas sobre la remigración, aumentando las cuantías vigentes para la repatriación voluntaria, hoy fijadas en un máximo de 877 euros por adulto y 438 euros por niño, con un tope máximo de 3.511 euros por familia. Siguiendo el ejemplo de otros países, pues ya son varios los que aplican esta política, Suecia ha decidido un aumento significativo de los incentivos económicos a fin de que los inmigrantes regresen a sus países de origen: a partir de 2026, recibirán hasta 350.000 coronas suecas por adulto, equivalente a 30.850 euros. Dinamarca ofrece 13.500 euros por persona, Noruega 1.265 euros, Francia 2.500 euros y Alemania 1.800 euros.

La remigración y las políticas de control de la inmigración ilegal va a significar un freno a la misma en los países que las apliquen, como ya sucede en Italia con la acción del gobierno conservador de Giorgia Meloni, y en todo caso, supone el fin del proyecto del multiculturalismo impulsado por la izquierda y los activistas del NOM, con el objetivo inicuo de destruir las raíces cristianas de la Civilización Occidental y la identidad nacional de los países europeos.

Referentes: La Bussola Quotidiana ; Reuters.