EL MOVIMIENTO PRO-VIDA EN EUROPA (II) : POLÍTICA, DERECHO Y PROTECCIÓN DE LA VIDA

El movimiento ProVida en Europa se enfrenta actualmente a un escenario de fuerte presión institucional, tanto por parte de las instituciones de la Unión Europea como por el endurecimiento de las leyes abortistas, las nuevas leyes de la eutanasia y las restricciones a la libertad en varios de sus países.

El movimiento se encuentra ante un evidente acoso y haciendo frente a normativas y políticas cada vez más agresivas que vulneran el derecho y la protección de la vida y contra entidades que asisten a la mujer embarazada. La presión de la Unión Europea es evidente: la Comisión está bloqueando la financiación a organizaciones ProVida y promueve el aborto como un derecho, y el Parlamento Europeo aprobó en la anterior legislatura (2019-2024) resoluciones para garantizar el acceso al aborto, lo que ha intensificado la confrontación entre los grupos ProVida y las instituciones europeas.

LA POLÍTICA , EL DERECHO Y LA PROTECCIÓN DE LA VIDA.

Las constituciones de los países occidentales se basan en la idea de un orden justo y en la convicción de una igualdad fundamental de todos en el humanismo común, pero al mismo tiempo, las legislaciones, incorporando ideologías de izquierda, por lo que respecta al aborto, “expresan la conciencia de una profunda iniquidad, que radica en el hecho de que se hace prevalecer los intereses reales, si bien secundarios, de algunos sobre los derechos fundamentales de otros” (RATZINGER J., “El derecho a la vida y Europa”, en El cristiano y la crisis de Europa. E. Cristiandad, 2005).

Se reafirman los derechos de unos en perjuicio del derecho fundamental, el derecho a la vida, que tiene otro ser humano, el concebido, y hoy – cuando la gran mayoría de los partidos políticos llamados conservadores se suman a la ideología de la “corrección política feminista” y han renunciado a la defensa de esos derechos –, sólo el movimiento Pro-Vida combate por ellos.

Cabe recordar el voto favorable de Marine Lepen y su grupo parlamentario, Agrupación Nacional, con algunos diputados discordantes, a la constitucionalización del aborto en Francia que aprobó la Asamblea Nacional el 30 de enero de 2024. También en España el Partido Popular ha mutado en sus principios, ha pasado de oponerse con un recurso de inconstitucionalidad a la ley de Aborto de plazos socialista basada en el aborto como derecho de 2010, a traicionar su promesa electoral de derogarla durante su etapa de gobierno (2011-2018) como indicativo de un cambio ideológico, a finalmente clarificar su posición favorable a la legislación de plazos vigente asumiendo la ideología de la izquierda. La posición del PP sobre el aborto ha quedado establecida por su actual presidente, Alberto Núñez Feijóo, al valorar de forma positiva la resolución del Tribunal Constitucional de mayoría socialista, que casi 13 años después del recurso, lo desestimó y avaló dicha Ley, con un vuelco total en la doctrina, pues ahora establece que el criterio de autodeterminación se impone al derecho fundamental a la vida (STC 44/2023, de 9 de mayo). Nuñez Feijóo respaldó la sentencia y afirmó que se trata de “una ley correcta para la España actual”.

Sin embargo, en algunos países, gobiernos conservadores han mantenido sus principios y han hecho posible lo que el movimiento Pro-Vida reclama: el reconocimiento y protección de los derechos del concebido y la protección de la maternidad y la familia. Es el caso de Polonia y Hungría, que con largos años de gobiernos conservadores, con sus legislaciones y políticas han convertido a sus países en bastiones del movimiento en la Unión Europea.

En España, VOX es el único partido parlamentario (accedió al Parlamento español en 2019), que defiende la vida del ser humano desde la concepción hasta la muerte natural. Es autor de numerosas iniciativas de apoyo a la maternidad y se ha opuesto activamente a las nuevas normas que han radicalizado la legislación del aborto y a la Ley de Eutanasia.

Santiago Abascal, presidente de VOX, y otros dirigentes en la manifestación «¡Nos jugamos la vida! ¡Basta ya de leyes contra la verdad y la naturaleza humana!», contra la reforma aún más radical de la Ley del Aborto y la Ley de Eutanasia, Madrid 26-06-2022. 

VOX presentó recurso de inconstitucionalidad (Recurso núm. 5041-2022) contra la ‘Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, que modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo’. Así mismo (Recurso de inconstitucionalidad núm. 3630-2023), contra la ‘Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo’, la actual Ley vigente. Ambos recursos, admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional fueron desestimados en la Sentencia 75/2024, de 8 de mayo y la Sentencia 92/2024, de 18 de junio. En la actual legislatura, con 33 diputados frente a los 52 de la anterior, VOX no ha podido presentar recursos, el mínimo es la firma de 50 diputados.

Polonia y Hungría: legislaciones y políticas ProVida y ProFamilia

En estos países han sido los partidos conservadores en sus respectivos Gobiernos los que con sus legislaciones y políticas los han convertido en bastiones del movimiento en la Unión Europea. Hungría y Polonia han liderado en Europa la recuperación del respeto a la vida en la legislación, han apoyado la natalidad e impulsado una cultura de vida en la sociedad. Se han convertido en el modelo para superar el aborto.

Campaña en Polonia para concienciar a la población sobre la importancia de defender la vida de los no nacidos ante la amenaza del aborto. Febrero de 2021.

El punto de partida es el reconocimiento de derechos al niño por nacer. Y del reconocimiento de los derechos surge el deber del Estado de garantizarlos haciéndolos efectivos, con su inclusión en las leyes; pero también reclama estructuras jurídicas y sociales, y políticas públicas. Requiere también el reconocimiento y respeto de la sociedad, de todos sus sectores e instituciones.

En Hungría, su Constitución reformada establece la protección del derecho a la vida del ser humano y de la dignidad humana desde la concepción. En el año 2011, Hungría llevó a cabo una modificación de la Constitución, y en su Artículo II se establece que «La dignidad humana será inviolable. Todo ser humano tendrá derecho a la vida y a la dignidad humana. La vida del feto estará protegida desde el momento de la concepción».

Cabe destacar que esta normativa es coherente con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la jurisprudencia de su Tribunal de Justicia.

Efectivamente:  Artículo 1 de la Carta de los Derechos Fundamentales: «La dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida». En la Carta, la dignidad humana es en sí misma derecho fundamental y, a la vez, constituye la base misma de los derechos fundamentales. Al reconocer que la dignidad humana es inherente a la naturaleza humana, se acepta que donde hay vida humana hay dignidad humana, y unos derechos a ella vinculados que deben ser protegidos.

No obstante, en Hungría el aborto está regulado jurídicamente, aunque de forma restrictiva, de modo que en la última década la tasa de abortos se redujo en un 33,5%. Dos han sido los factores decisivos: la política educativa, que incluye el asesoramiento obligatorio, y un plan de beneficios fiscales y de apoyo familiar, de los queson beneficiarios incluso los hijos no nacidos desde las 12 semanas.

En Polonia, el 22 de octubre de 2020 el Tribunal Constitucional ilegalizó el aborto eugenésico, al declararlo incompatible con los artículos 30 y 38 de su Constitución, que garantizan la inviolabilidad de la dignidad humana y la protección de la vida de todo ser humano, y remitiéndose a su propia jurisprudencia, según la cual: «Desde su inicio, la vida humana se convierte en un valor protegido constitucionalmente. Esto también se aplica a la fase prenatal y no permite ninguna discriminación».

El caso de España: la fallida «Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada»

Se reconocían los derechos del concebido según la doctrina del Tribunal Constitucional, y buscaba suprimir el sistema de plazos vigente y regresar a una ley de supuestos muy restrictiva. Pero ante el fuerte rechazo de la izquierda política y mediática, el presidente Rajoy decidió retirar el anteproyecto en septiembre de 2014 y provocó la dimisión inmediata el 23 de septiembre de 2014 del Ministro de Justicia y su total retirada de la política. Ruiz Gallardón defendió que el anteproyecto estaba en línea con lo principios del PP, con el criterio que adoptó el partido en el recurso que presentó ante el Tribunal Constitucional contra la Ley socialista y era conforme a la doctrina del propio TC. Y respondía a un compromiso «firme y rotundo» del PP con sus votantes.

Rajoy traicionó todas sus promesas, rehuyó el debate ideológico y cultural, se alineó con los postulados de la izquierda y situó la marca política del PP en la gestión de la economía. El Gobierno del PP con Mariano Rajoy, consolidó en el ordenamiento jurídico las leyes de ingeniería social de Rodríguez Zapatero, que se había comprometido a derogar o modificar, y propició el cambió de identidad del PP como partido de la derecha, asumiendo los postulados de la doctrina de la ‘corrección política’, en particular en relación al aborto, el homosexualismo y la ideología de género. Sin embargo, la herencia principal de Rajoy es la de haber sido cooperador a la grave situación que hoy en día vive España, no sólo consolidó las leyes socialistas que combatió en la oposición, sino que permitió la moción de censura (2018) que llevó directamente al Gobierno al sucesor socialista de Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez, sostenido por un bloque de comunistas, independentistas y proetarras vascos, al negarse a convocar elecciones.

La renuncia del Gobierno del PP a derogar la Ley del Aborto socialista, con la que se producen más de 100.000 homicidios de niños no nacidos cada año, tiene unos efectos que van más allá de la traición al electorado y la crítica al cambio de ideología. El mantenimiento de la legislación socialista ha facilitado que la cifra de abortos desde 2011 hasta 2024 alcance la cifra 1.397.038, y suma y sigue. La responsabilidad del PP y en particular de Rajoy es enorme, los efectos de su decisión se prolongan hacia el pasado y hacia el futuro y sigue afectando a miles de vidas.

La Ley vigente del Aborto de 2023, que ha sustituido a la de 2010, blinda el derecho al aborto en la sanidad pública, puso fin al plazo de reflexión de tres días y no respeta la objeción de conciencia. Hoy en España la desprotección del concebido es una realidad, ya que la protección fijada por la jurisprudencia constitucional desde 1985, que había configurado un estatuto del nasciturus y que la ley vigente vulnera, ha sido aparcada por el actual Tribunal Constitucional de mayoría socialista. Y esto significa que el Estado incumple su función de garantizar derechos fundamentales, al no establecer un sistema de defensa de la vida con una protección efectiva. Esta omisión no conlleva una desprotección abstracta, que afecte sólo a la legitimación del Estado, sino que implica la desprotección de miles de vidas individuales, particulares y concretas.