EUROPA ANTE LA INVASIÓN MIGRATORIA. El nuevo « Reglamento de Retornos »  

La Unión Europea ha alcanzado el 1 de junio de 2026 un acuerdo para agilizar la repatriación de inmigrantes y da vía libre al traslado a centros de retorno en terceros países. El acuerdo entre el Consejo de la UE (los países) y el Parlamento Europeo completa el Pacto sobre Migración y Asilo y permitirá su implementación efectiva.

«Una política efectiva de migración y asilo debe ir acompañada de una política de retorno creíble», declaró la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. «El acuerdo sobre el nuevo «Reglamento de Retornos» hará que el retorno de los migrantes sin derecho a permanecer en la UE sea más rápido y más coherente en toda Europa».

El modelo que adopta Europa es similar al iniciado por el Gobierno de Italia, que en 2024 repatrió a grupos de inmigrantes desde centros de retención ubicados en Albania.

La Eurocámara aprobó el borrador del «Reglamento de Retornos» el 26 de marzo de 2026, y comenzó el triálogo (cooperación entre Comisión, Consejo y Parlamento para adoptar actos legislativos y en el proceso político general de decisión) de negociación con la Comisión y el Consejo, culminado con el acuerdo político del 1 de junio y que debe ser ratificado formalmente por la Eurocámara y el Consejo antes de entrar en vigor, tras su publicación en el diario Oficial de la UE.  

El nuevo texto del Parlamento, más estricto que la propuesta de la Comisión Europea presentada en marzo de 2025 para sustituir a la Directiva de Retorno existente, desencadenó una fractura en la Cámara entre los bloques conservadores y la izquierda. La norma salió adelante gracias a la alianza entre el grupo de centro, el Partido Popular Europeo (PPE, 184 miembros), y los grupos de derecha: Patriotas por Europa (PfE, 86), Conservadores y Reformistas Europeos (ECR, 81), y Europa de las Naciones Soberanas (ESN, 27).

El Pacto Migratorio y de Asilo

El «Pacto sobre Migración y Asilo» (PEMA) es el conjunto de nuevas normas para gestionar la migración y establecer un sistema común de asilo a escala de la UE. Se aprobaron en el Parlamento Europeo el 10 de abril de 2024, fueron formalmente adoptadas por el Consejo el 14 de mayo de 2024 y han entrado plenamente en vigor el 12 de junio de 2026. Desde su aprobación, el clima político europeo ha girado hacia posiciones más restrictivas respecto al asilo y la inmigración.  Ese giro restrictivo se ha manifestado en decisiones tomadas por los Estados y también en nuevas normas europeas, como el «Reglamento de Retornos».

El principal objetivo del PEMA es ofrecer un marco común consensuado y unas reglas claras que doten de predictibilidad la actuación de los Estados y que eviten los conflictos por el paso de los inmigrantes irregulares entre ellos. Busca una mayor eficiencia en los procedimientos: desde una gestión fronteriza más eficiente en el control de personas que llegan de forma irregular, hasta una tramitación eficaz de las solicitudes de asilo. Así como, procedimientos efectivos de retorno: a quienes no tengan derecho legal a permanecer se les emitirá una decisión inmediata de regreso.

El Pacto se apoya en anteriores propuestas de reforma en el ámbito de la migración, las modifica, y ofrece un enfoque global cuyo objetivo es, en suma, reforzar e integrar las principales políticas de la UE en materia de migración, asilo, gestión de fronteras e integración. Se pretende gestionar y normalizar la migración a largo plazo, se ofrece a los países miembros flexibilidad para abordar los retos específicos en ellos y mantiene salvaguardias para proteger a las personas necesitadas.

El giro de la UE y los Estados miembros hacia una nueva política migratoria

Un hito importante en el proceso de cambio político experimentado tras la aprobación del PEMA fue el marcado por las elecciones al Parlamente Europeo celebradas entre el 6 y el 9 de junio del 2024. Los resultados dieron a la Eurocámara una importante representación de fuerzas conservadoras soberanistas: Patriots for Europe (PfE), el tercer grupo de la Cámara con 86 miembros de 14 países –engloba a partidos relevantes como Rassemblement National (Marine Le Pen), el español VOX, Fidesz-Alianza Cívica Húngara (Viktor Orban), la Liga italiana, el Partido por la Libertad de Países Bajos de Geert Wilders (PVV), el Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), el portugués CHEGA–; European Conservatives and Reformists (ECR) –grupo en el que se encuentra el partido Fratelli d’Italia de la primera ministra, Giorgia Meloni–; y Europe of Sovereign Nations (ESN) en el que se integra Alternativa para  Alemania (AfD) y el partido francés Reconquista! (Éric Zemmour). Junto al crecimiento de las fuerzas conservadoras se produjo un retroceso de los Verdes, los liberales y los socialistas.

Estos resultados electorales de junio del 2024, según los analistas políticos, fueron el producto de giros en la opinión pública europea en diferentes temas, entre ellos y de modo preminente, la inmigración y el asilo, y de cambios en las posiciones de los partidos políticos. La inmigración ha pasado de ser un asunto relativamente marginal en la vida política de la mayoría de los Estados europeos, a convertirse en un tema central en su debate político, el tema sobre el que se fijan las posiciones que diferencian a los partidos en la competencia electoral. En los últimos diez años, incluso partidos históricos relevantes de la izquierda, como los socialistas alemanes, los suecos y los daneses, han girado hacia posiciones restrictivas, en parte como estrategia electoral ante el movimiento de sus electores hacia posturas más patrias.

El «Reglamento de Retornos» pilar en la lucha contra la inmigración irregular

El «Reglamento de Retornos» aprobado por la Eurocámara en Comisión el 9 de marzo de 2026 y en Plenario el 26 de marzo, y acordado por el Consejo y el Parlamento el 1 de junio, es la última pieza del Pacto Migratorio y de Asilo. El Reglamento busca aumentar la cifra de personas que regresan a sus países de origen, una vez decretado que no tienen derecho a permanecer en la UE. En 2025, la tasa de retornos fue del 28%, aumentó respecto a años anteriores pero todavía es muy baja según los países más críticos con las actuales normas migratorias europeas.

El Reglamento es fundamental para acelerar los retornos y constituye el pilar de la estrategia de la UE en la lucha contra la inmigración irregular. Entre los avances más relevantes de la nueva norma destacan:

• Refuerza como instrumento central de la política migratoria las órdenes de retorno. Forman la base jurídica para las expulsiones y deportaciones de inmigrantes que acceden ilegalmente a Europa. La Orden Europea de Retorno (ORE), es un formulario en el que los Estados miembros deben consignar los elementos fundamentales de la resolución de retorno. Se establece un mecanismo unificado que obliga a todos los Estados miembros a reconocer y ejecutar automáticamente una decisión de expulsión emitida por otro país de la Unión, agilizando el trámite burocrático.

• El Reglamento avala formalmente la creación de centros de retorno fuera de la UE para concentrar a inmigrantes ilegales mientras se tramita su repatriación. Los países miembros que lo deseen —y estos van en aumento, desde Italia a Dinamarca, Alemania o Países Bajos— podrán negociar con países extracomunitarios la creación de estos centros, que podrán servir de destino final o de tránsito hasta el retorno al país de origen o a otro país «de retorno», un tercer país con el que se haya celebrado un acuerdo o un convenio.

• El nuevo Reglamento establece obligaciones estrictas para las personas que no tienen derecho a residir en la UE, en particular la obligación de abandonar el Estado miembro en cuestión y de cooperar con las autoridades nacionales. Las mismas normas determinan además las consecuencias para quienes incumplan la obligación de cooperar, como la reducción de las prestaciones y las indemnizaciones concedidas de conformidad con la legislación nacional, o la denegación de incentivos para promover el retorno voluntario.

• Los Estados miembros también pueden imponer sanciones penales, incluida la pena de prisión. Estarán sujetos a severas sanciones por incumplimiento de dicha orden: podrán ser detenidos hasta por treinta meses si no cooperan o si existe peligro de que se fuguen, con medidas más drásticas aún en caso de personas consideradas un riesgo, incluida la posibilidad de una prohibición de entrada en territorio europeo de por vida.

• Abre la puerta a consecuencias para los países de origen de los migrantes expulsados que se nieguen a recibirlos –principal obstáculo hoy para lograr que salgan de la UE–, desde restricciones en materia de visados a una revisión de las ayudas al desarrollo que reciben o de las relaciones comerciales si continúan rechazando su regreso.

El acuerdo del Parlamento Europeo y la nueva mayoría en la política migratoria

En 9 de marzo de 2026 la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) aprobó el nuevo «Reglamento de Retornos», respaldado por una coalición de eurodiputados de los citados partidos de derecha: Patriotas por Europa, Conservadores y Reformistas Europeos y el Grupo de Naciones Soberanas; y el Partido Popular Europeo. La votación final en el pleno se celebró el día 26 de marzo.

Las votaciones mostraron un fortalecimiento fundamental del marco migratorio de la UE. Con 41 votos a favor, 32 en contra y una abstención, los eurodiputados de la Comisión LIBE aprobaron sus enmiendas a la propuesta de la Comisión, presentada en marzo de 2025, para reformar los procedimientos de retorno de la UE.

En el plenario de la Eurocámara que ratificó el texto de la Comisión las votaciones arrojaron unas cifras clave: 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones. Este resultado mostró la sólida alianza entre el Partido Popular y los grupos de derecha. Diputados no inscritos se sumaron a la mayoría, y los grupos de socialistas, Verdes y la Izquierda votaron en bloque en contra.

En síntesis, según la nueva norma las autoridades nacionales deberán emitir una decisión de retorno a cualquier ciudadano extracomunitario que resida ilegalmente en un Estado miembro, imponiéndole la obligación de abandonarlo. Las decisiones de retorno se incluirán en la «Orden Europea de Retorno» y estarán disponibles, a través del Sistema de Información Schengen, en todo el espacio Schengen. Cualquier país de la UE deberá reconocer y ejecutar las decisiones de retorno y las órdenes de expulsión emitidas por otro país de la UE antes del 1 de julio de 2027. El país de la UE en el que se encuentre de forma irregular el nacional de un tercer país será responsable de su retorno.

Ha surgido una nueva mayoría que ha hecho posible esta norma. La mayoría de Ursula von der Leyen –PPE, socialistas, liberales– se ha roto. El Partido Popular se ha alineado con la derecha y finalmente se ha aprobado en Europa una ley clara y contundente sobre la repatriación de inmigrantes en situación irregular en países europeos. Sin duda, es una importante victoria para las fuerzas de derecha del Parlamento Europeo, que señalan que « la normativa debe respetar las funciones esenciales de la responsabilidad nacional: garantizar la integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional ».

Esa votación marca un reconocimiento de la situación que afronta Europa de auténtica invasión migratoria y se hace frente a las políticas proinmigración de la izquierda, cuyo fin es, como se ha reconocido precisamente en España, promover la sustitución étnico-religiosa en los países europeos para destruir su identidad fundada en el cristianismo. Se da respuesta así a la demanda creciente de políticas restrictivas que provienen tanto de la sociedad como de los partidos políticos de la derecha que defienden la identidad europea y fronteras seguras para frenar la inmigración, que ponen de relieve los costes de la inmigración masiva, la inseguridad generalizada y el desprecio de los valores occidentales. La nueva mayoría celebró los resultados de la votación del Parlamento Europeo el pasado mes de marzo, como « una votación histórica (…). Con la aprobación del reglamento sobre retornos, que transformará las normas europeas sobre expulsiones, por fin estamos dando a nuestros Estados los medios para gestionar su política de inmigración ».